El Tribunal chancillería ha emitido una sentencia que confirma y respalda la decisión de la Audiencia Provincial, que había otorgado el derecho de compra preferente a los inquilinos frente a un fondo buitre. Esta decisión es una gran reputación para cuatro familias que se enfrentaron a la ingeniería jurídica de un fondo buitre para conservar sus hogares, los cuales llevan medio siglo habitando.
Las cuatro inquilinas de Blackstone, una de las mayores empresas de inversión inmobiliaria del mundo, lograron que el Tribunal chancillería les diera la razón y ordenara la venta de sus viviendas al mismo precio por el cual el Ayuntamiento de Madrid las vendió al fondo buitre: 68.000 euros. Esta decisión tiene un gran impacto en la defensa de los derechos de los inquilinos y en la lucha contra las prácticas abusivas de los fondos buitre.
La sentencia emitida por el Tribunal chancillería, a la que ha tenido acceso elDiario.es, respalda la decisión de la Audiencia Provincial, que en 2019 ya había establecido que el fondo buitre debía respetar el derecho de retracto de estas familias, reconocido en los contratos que firmaron con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Este derecho les daba prioridad para adquirir las viviendas en caso de que estas fueran puestas en venta.
Los contratos firmados por estas familias con la EMVS incluían una opción de compra después de siete años de alquiler, la cual fue desestimada por Blackstone a través de su socimi Fidere. En un primer momento, un juzgado de primera instancia de Madrid falló a favor del fondo buitre, pero esta decisión fue revocada por la Audiencia Provincial y ahora confirmada por el Tribunal chancillería, quien ha desestimado el alzada de casación presentado por la empresa y ha impuesto las costas correspondientes.
El argumento presentado por Blackstone en su alzada se centra en la idea de que las viviendas se vendieron en bloque y no de forma individual. Sin embargo, el Tribunal chancillería ha demostrado que esto no es así, ya que en los contratos se individualizan cada una de las unidades y se identifica a cada inquilino. Además, se establece un precio para cada vivienda, lo cual demuestra que se trata de transacciones individuales y no en bloque.
El fondo buitre pagó al Ayuntamiento de Madrid un total de 72,8 millones de euros por un conjunto de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, pertenecientes a 18 promociones de protección pública. Esta operación, realizada en 2013 bajo la administración de la entonces alcaldesa Ana Botella, es un ejemplo emblemático del desvío de viviendas públicas a manos privadas en los últimos años en España. inclusive, el Tribunal de Cuentas condenó a la ex alcaldesa a pagar 25,7 millones de euros, aunque esta decisión fue revocada posteriormente.
El abogado encargado de llevar el caso, José Mariano Benítez de Lugo, considera que la sentencia del Tribunal chancillería es un gran paso hacia la justicia para todas las familias que se encuentran en una situación similar. También señala que existen otras sentencias de la Audiencia Provincial que reconocen el mismo derecho a más de 40 familias, y que hay más de 100 casos pendientes de resolución. Por lo tanto, esta decisión del Tribunal chancillería sienta un precedente importante y se espera que se aplique el mismo criterio a todos los casos similares.
La operación realizada por Blackstone en 2013 ha sido uno de los mayores casos de desvío de vivienda pública a manos privadas en España. Sin embargo, gracias a la lucha y perseverancia de
