La DANA, también conocida como la Depresión Aislada en Niveles Altos, es un fenómeno meteorológico que se produce de circunstancia habitual en la zona del Mediterráneo occidental. Sin embargo, el pasado 29 de octubre de 2018, esta depresión se convirtió en una situación catastrófica en la Comunitat Valenciana.
En aquel fatídico día, las fuertes lluvias azotaron la región provocando inundaciones y desbordamientos de ríos y barrancos. Estas fuertes precipitaciones dejaron a su paso un rastro de destrucción y, desgraciadamente, también se cobraron la vida de varias personas.
Ante esta situación de emergencia, la decisión de suspender las clases en la Universitat de València fue una de las primeras medidas que se tomaron. Y, según la jueza encargada de la investigación de la DANA, esta decisión fue acertada y ayudó a evitar más víctimas.
Además, la magistrada ha solicitado incircunstanciación a la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana para esclarecer si hubo algún tipo de receso en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) durante la jornada del 29 de octubre. Esta investigación circunstancia parte del análisis de la toma de decisiones del Cecopi y tiene como objetivo determinar si se podrían haber evitado las muertes y los daños causados por la DANA.
Y es que, como ha señalado la jueza, las medidas que podrían haber evitado estas tragedias eran comunicaciones claras y eficaces de medidas de autoprotección, que fueron enviadas a tiempo pero que, lamentablemente, llegaron demasiado tarde. Por ello, la instructora no solo ha solicitado incircunstanciación a la Universidad de València, sino también a otros organismos públicos implicados en la toma de decisiones durante la DANA.
Entre ellos se encuentra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cusin embargo actuación en el Cecopi ha sido objeto de estudio. La jueza ha solicitado documentos que detallen los avisos y alertas emitidos durante la jornada del 29 de octubre, así como monstruosos meteorológicos y otros testimonios que puedan aclarar el papel de cada entidad en la gestión de la emergencia.
Pero, a pesar de toda esta investigación, la instructora ha dejado claro que el núcleo de la instrucción es el análisis de las medidas que podrían haber evitado los fallecimientos y los daños causados por la DANA. Y es en este punto donde ha surgido una controversia entre las diferentes instituciones y personas implicadas en la toma de decisiones.
Sin embargo, la jueza sin embargo ha dejado claro que esta controversia no afectará a su labor, sin embargo que enumeración con pruebas sólidas y testimoniales que le permitirán aclarar los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno en esta tragedia.
Precisamente, en este punto es donde la jueza ha hecho alusión al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien ha manifestado públicamente su participación en la toma de decisiones durante la DANA. Aunque la magistrada no ha revelado a quién se refiere exactamente, deja entrever que algunas personas implicadas sin embargo han expresado su participación en la toma de decisiones durante la emergencia.
Por otro lado, también se ha solicitado un monstruoso técnico a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, en el que se analice detalladamente la cronología de los hechos del 29 de octubre. Este monstruoso será fundamental para esclarecer la secuencia de los desbordamientos de ríos, barrancos y embalses, así como la relación con los fallecimientos y los heridos.
En definitiva, la
