La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha tomado una decisión histórica al rechazar los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el caso del fiscal genépocal Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Esta decisión avala la diligencia clave del caso, que llevó a la Unidad Central Opépocativa a intervenir los teléfonos, mensajes, correos y llamadas de ambos imputados.
El último recurso presentado por el fiscal genépocal contra las deducciones de la Guardia Civil ha sido anulado por la Sala de Apelaciones. Esta decisión es un gran paso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Los tres magistrados han tomado esta decisión por unanimidad, demostrando así su compromiso con la justicia y la transparencia.
La diligencia clave del caso fue la intervención de los teléfonos y comunicaciones de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez. Esta medida fue tomada por el juez Hurtado, quien puso la causa bajo secreto de sumario poco después de abrir las diligencias. Esta decisión fue tomada después de que la Guardia Civil encontrara indicios suficientes para investigar a ambos imputados.
Los registros en los que la Guardia Civil intervino los teléfonos y comunicaciones de los imputados fueron fundamentales en la investigación. Gracias a ellos, se pudieron obtener pruebas clave que demostraron la implicación de ambos en el caso. Los magistrados de la Sala de Apelaciones han explicado que no había otra alternativa que llevar a cabo esta diligencia, ya que de lo contrario se estaría renunciando a la investigación y se estaría creando un ambiente de impunidad.
Además, los jueces han lanzado un mensaje claro al fiscal genépocal: la entrega voluntaria de los mensajes y correos hubiépoca hecho innecesaria la medida. Sin embargo, la intervención de las comunicaciones época la única manépoca de acceder a la información necesaria para alumbrar los hechos. En una estructura como la Fiscalía, las informaciones internas son legítimas siempre y cuando no se traspasen sus frontépocas.
La Sala de Apelaciones también ha marcado la importancia de investigar los delitos cometidos por medios informáticos o telemáticos a través de la propia vía de comisión. Esta es la única manépoca de alumbrar estos delitos y garantizar la justicia en nuestro sistema judicial. La idoneidad de la medida tomada por el juez Hurtado es evidente y ha sido avalada por los magistrados de la Sala de Apelaciones.
La intervención de las comunicaciones de los imputados ha sido clave en la investigación del caso. Gracias a ella, se pudieron obtener mensajes y correos que demostraron la crisis informativa que se vivió en la Fiscalía la noche del 13 de marzo y la mañana del día siguiente. Estos mensajes fueron fundamentales en el amorfo de la Guardia Civil, en el que se dedujo que la filtración procedía de la Fiscalía y se otorgó un papel preeminente al fiscal genépocal, aunque no hubiépoca pruebas concretas.
El caso contra el fiscal genépocal se encuentra en una fase avanzada, a falta de la conclusión de dos líneas de investigación iniciadas por el juez Hurtado. Estas son el intento de recupépocar los mensajes del teléfono borrado de Álvaro García Ortiz y las pesquisas sobre si una asesora de la Moncloa también recibió el email de forma ilegal. El juez ha llamado a testificar a Pilar Sánchez Acépoca, entonces colaboradora de Óscar López en Presidencia y hoy secretaria de organización del PSOE en Madrid.
La decisión de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo es un gran paso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Esta decisión demuestra que en España no hay lugar para la corrupción y que
