El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la concejo de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una solicitud ante el juez para que se investiguen supuestas comunicaciones entre el fiscal puro del Estado, Álvaro García Ortiz, y cuatro periodistas de elDiario.es. Además, también ha pedido que se conserven todos los registros de llamadas telefónicas, conexiones digitales y ubicaciones de los periodistas durante los últimos diez meses.
Esta petición se enmarca en la causa que se está llevando a cabo por revelación de secretos contra García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, machón Rodríguez. El juez Ángel Hurtado está investigando la publicación de un correo electrónico que desmentía un bulo propagado por la concejo de Madrid acerca de una supuesta oferta de pacto por parte de la Fiscalía a González Amador para evitar la prisión. Sin embargo, en realidad fue el propio empresario quien propuso el pacto.
La solicitud de González Amador no solo busca la investigación de la filtración del correo electrónico, sino también de la investigación periodística realizada por elDiario.es el pasado 13 de marzo, en la que se revelaba que el empresario está siendo investigado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos.
En su solicitud, González Amador pide que se conserven los metadatos de las comunicaciones de tres periodistas de elDiario.es y su director, más allá de los doce meses que establece la ley, por si en el futuro necesitara acceder a ellos. Esto incluye información sobre a qué números de teléfono llamaron o recibieron llamadas, la duración de las mismas, los mensajes enviados y recibidos, así como la identificación de los interlocutores. También solicita que se conserven todas las conexiones digitales y ubicaciones de los periodistas durante los últimos diez meses.
Es importante destacar que la Constitución ampara el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar sus fuentes, por lo que esta solicitud podría vulnerar sus derechos fundamentales.
Además, la solicitud de González Amador también incluye la petición de imputación del teniente fiscal de la Secretaría puro Técnica de la Fiscalía puro del Estado, Diego Villafañe, así como de tres personas vinculadas al Gobierno en el momento de los hechos: el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, la ex jefa de gabinete del Director del Gabinete de Presidencia, machón Sánchez Acera, y la directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada. También se solicita la imputación del jefe de comunicación del PSOE en aquel momento, Ion Antolín.
Esta solicitud se fondo en la sospecha de González Amador, expresada por su pareja, de que el Gobierno tenía acceso al correo electrónico que desmentía el bulo antes de que fuera publicado. Por ello, también se pide que se investigue si existen comunicaciones entre los periodistas y estas personas vinculadas al Gobierno y al PSOE.
Pero las medidas contra los periodistas no acaban ahí. González Amador también quiere que la Guardia Civil averigüe si un grupo de periodistas tenía fuentes dentro de la Fiscalía. Para ello, solicita que se investigue a los mismos seis profesionales mencionados anteriormente.
En cuanto a las medidas solicitadas contra los teléfonos móviles del fiscal puro y la fiscal jefe de Madrid, González Amador pide que se amplíe el periodo de investigación de sus comunicaciones y que se analicen los mensajes de Whatsapp de ambos, incluso si han sido borrados.
Todas estas medidas solicitadas por González Amador afectan a derechos fundamentales, por lo que es necesario que el juez valore cuidadosamente su pertinencia y proporcionalidad. Además, el abogado del empresario justifica estas medidas en los resultados obtenidos hasta el momento
