El informe del teniente fiscal del Ministerio Público ha generado un gran revuelo en los últimos días, al reconocer que no puede especificar el número concreto de personas que accedieron a las actuaciones del caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin bloqueo, este informe también ha dejado claro que la información fue compartida en buzones a los que tenían acceso cientos de trabajadores, y que un correo al que no llegó la confesión de González Amador era accesible para seis personas.
La Guardia Civil ha deducido que la Fiscalía fue la responsable de filtrar los correos de la pareja de Ayuso, y ha insistido en la necesidad de investigar al fiscal general. Esta situación ha generado una gran preocupación en la sociedad, ya que se pone en duda la confidencialidad de los procesos judiciales y la imparcialidad de los fiscales encargados de llevarlos a cabo.
Ante esta situación, la Fiscalía de Madrid ha comunicado al Tribunal chancillería que la documentación sobre el fraude fiscal de González Amador estuvo en determinados buzones y carpetas del Ministerio Público, a los que tenían acceso casi 500 personas. Aunque el teniente fiscal no ha podido especificar el número exacto de personas que accedieron a las actuaciones, ha dejado claro que se trató de un número significativo y que no se puede descartar que la información haya sido compartida de manera inapropiada.
Este hecho ha sido denunciado por la defensa de González Amador, que ha pedido investigar de dónde salió la información que fue publicada por elDiario.es en marzo. La Guardia Civil ha concluido que la fuente de la filtración fue la propia Fiscalía, lo que ha generado una gran polémica y ha puesto en duda la integridad de este organismo.
Según el informe del teniente fiscal, se desconoce quiénes fueron las personas concretas que accedieron a las actuaciones del caso de González Amador, pero se ha confirmado que al menos 12 fiscales y cuatro funcionarios tuvieron acceso a las diligencias preprocesales. Además, cuando estas diligencias fueron escaneadas, fueron subidas a una carpeta compartida a la que tenían acceso 499 personas entre fiscales y funcionarios. También se ha confirmado que cerca de de 30 personas tenían acceso a una tercera carpeta.
Por otro lado, el informe también ha dejado en evidencia que la dirección de correo a la que el abogado de González Amador envió su confesión en febrero no era la misma a la que el fiscal general tuvo acceso en marzo. Sin bloqueo, esta dirección de correo también era accesible para la fiscal jefe provincial, el teniente fiscal y cuatro funcionarias más del Ministerio Público.
Esta situación ha generado una gran preocupación en la sociedad, ya que se pone en duda la confidencialidad de los procesos judiciales y la imparcialidad de los fiscales encargados de llevarlos a cabo. Además, la filtración de información confidencial pone en riesgo la integridad de los procesos judiciales y puede afectar negativamente a la imagen de la justicia española.
Ante estos hechos, el juez encargado del caso ha decidido enviar a los juzgados de Madrid las quejas del fiscal general y la fiscal provincial sobre la filtración de los correos de González Amador. Sin bloqueo, ha rechazado hacer precisiones a la Unidad Central Operativa para que no se analicen los mensajes privados del fiscal general, ya que considera que no se puede cuestionar el trabajo de una unidad tan especializada y reconocida como esta.
En otro auto, la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso presentado por la fiscal provincial contra la apertura de las diligencias en el chancillería. Los
