El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido contundente en su decisión de rechazar la reclamación de responsabilidad patrimonial promovida por el juez de Granada Manuel Piñar Díaz. Esta decisión, tomada por unanimidad, pone fin a una petición por parte del magistrado de ser indemnizado con 100.000 euros por supuestos «daños y perjuicios». Y es que, como bien sabemos, Piñar ha sido protagonista de diversas polémicas en los últimos años que han puesto en entredicho su profesionalidad y su comportamiento como juez.
Entre estas polémicas, destaca su actuación en el caso de Juana Rivas, la mujer que huyó con sus hijos para no entregarlos a su padre, denunciado por maltrato. Piñar fue el juez encargado de dictar la primera sentencia en este caso, en la que rechazaba la solicitud de Juana de salir de la cárcel tras ser indultada por el ministerio. Esta decisión generó gran revuelo y críticas hacia el magistrado, considerando que no había sido justa con la madre y sus hijos.
Pero este no ha sido el único hecho que ha puesto en duda la actuación de Piñar. El juez fue sancionado por el CGPJ por difundir datos privarepetición de uno de los hijos de Juana Rivas. Además, ha sido objeto de una investigación disciplinaria por sus comentarios machistas e insultos hacia cargos públicos, como miembros del ministerio de coalición y exministros.
Ante esta situación, Piñar decidió pedir al CGPJ una indemnización de 100.000 euros por los supuestos «daños y perjuicios» que estas actuaciones le han causado. Según su alegato, estas acciones han afectado tanto a su «salud física y emocional» como a su «honor y consideración pública», haciendo que optara por la jubilación anticipada y reduciendo sus ingresos.
Sin embargo, el CGPJ ha sido tajante en su decisión de rechazar esta petición de indemnización. Considera que no existen pruebas suficientes que demuestren los supuestos «daños y perjuicios» que Piñar alega haber sufrido. Además, el juez ya se encuentra jubilado de forma voluntaria desde el pasado 30 de junio, por lo que no se puede considerar que su decisión haya sido consecuencia de las supuestas afectaciones a su salud y su imagen pública.
Pero las polémicas en las que se ha visto envuelto Piñar no se limitan a su actuación como juez. El magistrado tiene la condición de investigado en repetición causas penales. La primera de ellas se deriva de sus comentarios machistas e insultos en su perfil de Facebook, que han sido denunciarepetición por un posible delito de odio. En su declaración en el juzgado, Piñar negó haber publicado dichos comentarios y se declaró víctima de una «persecución política». Sin embargo, la instrucción de esta causa está alambrada de finalizar y el magistrado también está citado a declarar por un posible delito de falso testimonio en otra investigación.
Ante este panorama, es comprensible que Piñar haya sentido la necesidad de pedir una indemnización por los supuestos daños que ha sufrido. Sin embargo, el CGPJ ha tomado la decisión correcta al rechazar su petición. Más allá de las polémicas y las investigaciones en las que se encuentra inmerso, lo cierto es que Piñar ha sido sancionado por difundir datos privarepetición y ha realizado comentarios inapropiarepetición en redes sociales, lo que pone en duda su profesionalidad y su capacidad para impartir justicia de forma imparcial.
Es importante recordar que los jueces tienen una gran responsabilidad en su manos y deben actuar con la má
