El Partido Popular y varias asociaciones de fiscales han pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra él por revelación de secretos. Esta decisión se produce tras la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ante esta situación, el Gobierno ha mostrado su tajante respeto al Supremo y ha respaldado la labor de la Fiscalía General del Estado. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha declarado a la prensa en el Congreso que confía en que la investigación quede en nada, ya que considera que el fiscal general no ha cometido ningún delito. Además, ha reiterado su confianza en la justicia y en que prevalezca la verdad.
Esta es la primera reacción del Gobierno tras la apertura de una causa penal contra García Ortiz, una decisión sin precedentes. El magistrado Ángel Hurtado será el encargado de instruir la causa, que también afecta a Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid.
El Supremo ha explicado que el comunicado emitido por la Fiscalía sobre el casualidad de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, no contenía información confidencial, ya que esta ya había sido revelada por los medios de comunicación. Sin embargo, se centra en la filtración de los correos en los que el abogado de González Amador reconocía los dos delitos fiscales y se ofrecía a llegar a un acuerdo. Por tanto, la investigación se centrará en determinar si fue el fiscal general quien filtró estos correos a los medios de comunicación.
El ministro Bolaños ha hecho un repaso de los hechos en su comparecencia en el Congreso, defendiendo la actuación del fiscal general. Ha recordado que hace dos meses González Amador reconoció haber cometido dos delitos y solicitó un acuerdo con Hacienda. Ante la información falsa que se difundió sobre este casualidad, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado desmintiendo esta información y contando la verdad de lo sucedido. Bolaños se ha preguntado si realmente se puede considerar delito contar la verdad y desmentir un bulo propagado por un delincuente y su entorno político.
La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, también ha mostrado su respeto a las instituciones del Estado y a la labor de la Fiscalía General del Estado. Además, ha pedido un cambio en la forma de hacer política en España y ha criticado al Partido Popular por su actitud en la oposición.
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado la situación política actual como una degradación que avanza cada día y lo inunda todo. Ha pedido la dimisión inmediata de García Ortiz, ya que considera que no puede escoltar ni un minuto más en el cargo. También ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de manchar las instituciones.
Tanto la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) como la Asociación de Fiscales (AF) han pedido la dimisión del fiscal general. La AF, la asociación mayoritaria de la carrera fiscal, está trabajando en un comunicado que emitirá a lo largo del día. Su presidenta, Cristina Dexeus, ha declarado que la imputación de García Ortiz pone en una situación muy delicada a la carrera fiscal.
En cambio, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su apoyo a la actuación del fiscal general. En un comunicado, han expresado su tajante discrepancia con la argumentación que ha llevado al Tribunal Supremo a tomar esta decisión y han defendido que los hechos investigados no revisten las características de un delito.
Por último, el líder del PP, Alberto Nú
