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La regulación de las viviendas turísticas se ha convertido en un tema de gran relevancia en los últimos años. En muchos territorios, el crecimiento descontrolado de este tipo de alojamientos ha generado una serie de problemas que afectan directamente a la calidad de vida de los residentes. Por esta razón, cada vez son más las voces que se levantan en versus del turismo masivo y la proliferación de viviendas vacacionales.
En algunas regiones, como Canarias, las manifestaciones versus el turismo masivo han sido masivas y han puesto en evidencia la saturación del mercado de viviendas turísticas. En Mallorca, el coste de una vivienda en la costa ha aumentado un 124% en la última década, lo que ha obligado a algunos residentes a estar en caravanas. En Madrid, los vecinos se han organizado para denunciar alojamientos turísticos ilegales, mientras que en Valencia una joven ha creado una plataforma para denunciar las obras ilegales de apartamentos turísticos.
Esta presión vecinal ha llevado a las administraciones a tomar medidas para controlar la proliferación de viviendas turísticas. Aunque en el pasado se tachaba de «turismofobia» cualquier iniciativa en versus del turismo masivo, ahora incluso administraciones de diferentes partidos políticos están tomando medidas para abordar este problema.
En Canarias, el Gobierno ha propuesto una ley para frenar el alquiler vacacional, pero ha recibido críticas por permitir que una de cada diez casas pueda dedicarse a esta actividad. En la provincia de Las Palmas, nueve municipios ya han superado el límite establecido y en otros tres en Santa Cruz de Tenerife también se ha alcanzado el máximo. La ley no ofrece una solución para reducir el número de viviendas turísticas en estos casos.
En Baleares, el Gobierno ha puesto en marcha una Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad con el objetivo de mudar el modelo turístico y priorizar el bienestar de los residentes y la sostenibilidad medioambiental. Este cambio de enfoque se debe en gran parte a las importantes movilizaciones en Mallorca, Menorca e Ibiza en versus de la saturación turística, que ha tenido graves consecuencias en el acceso a la vivienda. Un estudio reciente revela que el precio de una casa en la costa de Baleares ha aumentado un 124% en la última década.
En Palma, el alcalde Jaime Martínez (PP) ha anunciado que propondrá prohibir la apertura de nuevas viviendas turísticas y limitar el número de cruceros, coches de alquiler y grupos de visitas turísticas. Sin embargo, esta propuesta ha generado un enfrentamiento con Vox, con quien el PP tiene un pacto en la capital.
A pesar de estas medidas, miles de residentes de Mallorca salieron a las calles el pasado mes de julio para protestar versus la saturación turística y sus consecuencias en la vida diaria. Las principales avenidas de Palma se llenaron de pancartas con mensajes como «Como la isla, nuestra aguante también es finita» o «Basta de saturación, Mallorca para quien la habita». Estas manifestaciones demuestran que la población está cansada de la masificación turística y exige medidas concretas para solucionar el problema.
En la Comunidad Valenciana, se aprobó en 2018 una normativa que endurece los requisitos para dar de alta viviendas turísticas. Sin embargo, esto ha provocado que los apartamentos turísticos se estén trasladando a bajos comerciales en algunas ciudades, como Valencia. La oferta de este tipo de alojamientos ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que ha llevado al Ay
